Controlar la correcta actuación de la Administración, con pleno sometimiento a la ley y al derecho; así como la resolución de los conflictos entre la Administración y los ciudadanos, mediante la interposición de los correspondientes recursos contencioso-administrativos en nombre de cualquier persona física o jurídica en defensa de sus derechos e intereses.

  • Impugnación resoluciones Oficina Española de Patentes y Marcas
  • Reclamación a la Administración por funcionamiento de los servicios públicos
  • Impugnación de resoluciones administrativas ante los tribunales (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o Administración Central)
  • Expropiaciones
  • Sanciones
  • Licencias de obras y apertura establecimientos